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Ultimátum de Economía a generadoras y petroleras para que reestructuren una deuda de US$ 1200 con una quita del 50%

EconoJournal accedió a la resolución 58 de la Secretaría de Energía, que se publicará mañana y fija un plazo de dos días para que generadoras y petroleras acepten cobrar una acreencia de US$ 1200 millones que se acumuló durante el primer cuatrimestre con una quita del 50% del capital que está en juego. La normativa prevé la deuda del Estado se cancelará mediante el bono en dólares AE38. Algunas empresas evalúan rechazar y recurrir la decisión del Ministerio de Economía.

El gobierno publicará este miércoles en el Boletín Oficial la resolución 58 de la Secretaría de Energía, que establecerá de manera formal los criterios que pretende aplicar el Ejecutivo para reestructurar una deuda de US$ 1200 millones que se acumuló con empresas generadoras de energía y productoras de gas por la decisión del Estado de no cubrir los costos del sector eléctrico entre diciembre de 2023 y enero y febrero de este año.

EconoJournal accedió en exclusiva a la normativa —lleva la firma de Eduardo Rodríguez Chirillo, titular de la cartera energética— que, en términos simplificados, estipula que las acreencias en favor de los privados se saldarán mediante una emisión del bono en dólares AE38, que hoy cotiza un 50% bajo de la par, tal como había este medio en su edición del 26 de abril. Eso quiere decir que, en la práctica, las compañías que avalen las condiciones que fijó el gobierno tendrán que estar dispuestas a aceptar una quita que, cuando se incluyen conceptos adicionales que están en juego, arroja un recorte neto de más de la mitad del capital que está en discusión, según señalaron a este medio fuentes privadas al tanto de la negociación.

La deuda del Estado con los máximos jugadores del sector energético —Pampa, Central Puerto, AES, MSU y Albanesi, entre las generadoras, e YPF, PAE, TotalEnergies, Wintershall Dea, CGC, Tecpetrol y la propia Pampa, entre los productores de gas— su acumuló como consecuencia de la posición que tomó el ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, desde que asumió el cargo el 10 de diciembre pasado. El titular de Hacienda defaulteó desde esa fecha el pago de los compromisos del Estado con Cammesa, la compañía que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que pese a tener una estructura mixta es controlada por la Secretaría de Energía. Por dejar impaga las transacciones económicas de Cammesa de diciembre y enero —que se deberían haber cancelado en febrero y marzo de este año—, se generó un pasivo en favor de los privados de US$ 800 millones, que luego trepó hasta unos US$ 1200 millones cuando Caputo dejó sin pagar la transacción de febrero que venció el 30 de abril.

Ultimátum

La resolución se publicará mañana en el Boletín Oficial da un plazo de apenas dos días para que los privados presten presten conformidad y documenten el monto de la deuda contraída por Cammesa. La resolución no contempla, a priori, el pago de intereses punitorios por la mora en que incurrió el gobierno en cancelar sus obligaciones.

“Instruyese a Cammesa a elaborar y determinar con cada uno de los acreedores del MEM en un plazo de dos días hábiles de la entrada en vigencia de la presente, los importes correspondientes a cada uno de ellos correspondientes a las transacciones económicas de los meses de diciembre 2023, enero 2024 y febrero 2024, con vencimiento en los meses de febrero, marzo y abril de 2024 respectivamente”, establece el artículo 2 de la resolución 58.

«La redacción del texto es fulminante, no nos deja margen de acción», indicó un ejecutivo de una empresa generadora. Entre las fuentes privadas consultadas por EconoJournal existe especial preocupación la redacción capciosa y poco clara del artículo 3, que da a entender que la firma de un acuerdo de conformidad con el gobierno es condición necesaria para que Cammesa abone la transacción de febrero que debería haber pagado la semana pasada.

Es una especie de extorsión. Es una intimación velada a que firmemos a fin de cobrar la plata que nos corresponde que está depositada en las cuentas bancarias de Cammesa”, explicó otro alto ejecutivo del sector que pidió por la reserva de nombre.

Cabe aclarar que la mayor parte de los fondos que recauda Cammesa provienen de lo que abonan las distribuidoras eléctricas por la energía que toman del mercado mayorista. Cammesa funciona como un intermediaria que realiza un ‘pasamanos’ para que el dinero que las distribuidoras le cobran a los usuarios residenciales, comerciales e industriales le llegue a las generadoras, que son las que producen la energía. Por eso, la mayoría de las empresas generadoras considera que lo que está haciendo el gobierno desde la semana pasada es incautar fondos que no son propios. De hecho, algunas compañías reclamaran por nota a la Secretaría de Energía bajo la advertencia de que se reservan el derecho legales para iniciar acciones en el fuero penal contra los directores de Cammesa que no liberen los fondos retenidos en sus cuentas.

¿Qué harán los privados?

De un relevamiento realizado por este medio entre empresas generadoras y productoras se desprende que no hay una respuesta común entre los privados frente al planteo formal del gobierno. Durante este martes, la mayoría de las empresas y cámaras del sector evaluaron en el plano legal el alcance de la propuesta del gobierno.

Si bien YPF y Pan American Energy (PAE), las dos principales petroleras del país, adelantaron en una reunión realizada el miércoles 24 de abril en el Palacio de Hacienda que acompañarán la reestructuración oficial, otras generadoras y productores señalaron que no aceptarán los términos de la reestructuración propuestos por el Ejecutivo.

«Es preferible seguir discutiendo administrativa o judicialmente la situación que marcar un antecedente tan complejo como este. Está decidido en un 99,9% que rechazaremos esta resolución, que implica una ruptura de los contratos de Cammesa. El gran interrogante es si vamos a cobrar la transacción de febrero y cómo seguiremos hacia adelante», señaló el gerente general de una empresa afectada por la decisión del gobierno.

FUENTE: Ecojournal

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