sábado, febrero 24, 2024
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El Gobierno deja de pagar subsidios a las empresas de colectivos: qué pasará con el precio del boleto

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Los aportes del Estado irán directamente a los pasajeros con Tarifa Social mediante la Tarjeta SUBE , que no se utiliza en todo el país. Cubrían entre el 25% y el 30% de los costos de los transportistas.

En más de una oportunidad, incluso en tiempos de campaña electoral y previos a su asunción, el actual Gobierno reiteró su plan de que los subsidios al transporte dejen de tener a las empresas de colectivo como intermediarias, para que la ayuda llegue directamente a los usuarios.

Finalmente, la Secretaría de Transporte anunció este jueves la puesta en marcha del plan y se espera un impacto en el precio de los boletos, especialmente en el interior del país y en las muchas áreas que no están adheridas a la red de pago con tarjeta SUBE.

La medida se anunció a través de un comunicado publicado hoy -8 de febrero- por la cartera que conduce Franco Mogetta, funcionario que el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti ubicó en el equipo del gobierno libertario.

El texto explica que el objetivo es “terminar con el congelamiento de tarifas que había heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para líneas de Jurisdicción Nacional”.

De esta manera, “la tarifa tendrá mayor protagonismo en la cobertura de costos necesarios para operar”. En concreto, se reducirán de manera significativa los subsidios destinados a las empresas transportistas, que significaban entre un 25% y un 30% de sus ingresos, por lo que se prevé un traslado a precios.

Los subsidios al transporte para las provincias

En esa línea, la Secretaría de Transporte confirmó la eliminación del Fondo Compensador del Interior, “cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del País, o sea, fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.

El Fondo Compensador se trata de un aporte de $102 mil millones que se distribuyen entre las jurisdicciones del interior.

Hasta ahora se encargaba de subsidiar el transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país a través de transferencias realizadas desde el Estado Nacional.

El comunicado explicita que esta determinación se enmarca en el Pacto Fiscal que Gobernadores Provinciales y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018.

Ese convenio apuntaba a la reducción progresiva de los aportes estatales diferenciales en materia de transporte para el AMBA y establecía que las provincias definirían sus propias compensaciones tarifarias.

Por último, la cartera nacional indicó que los usuarios que necesiten de asistencia económica para utilizar los servicios, seguirán contando con el Atributo Social en todo el territorio donde funciona la tarjeta SUBE.

“Se trata de una asistencia que es igual para todos, vivan en el lugar que vivan, y que implica un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público”, agrega el texto.

Pero en este caso, el beneficio alcanzaría a usuarios de las 60 localidades de todo el país que tienen la tarjeta SUBE como sistema de pago, una cantidad que -si bien incluye a grandes ciudades- deja afuera buena parte del territorio nacional.

La Tarifa Social está dirigida a jubilados, pensionados, excombatientes, personal doméstico y ciertos titulares de prestaciones que abona la ANSES. En el AMBA, los usuarios con el atributo social abonan un mínimo de $121,50 y un máximo de $166,58.

Desde la Asociación Argentina de Empresarios del. Transporte Automotor (AAETA) señalaron que seguirá vigente el cuadro tarifario establecido esta semana para el AMBA “sigue vigente, al menos por los próximos dos meses”. Aunque advirtieron que “puede implicar impactos distintos en el interior”.

Dónde se usa la tarjeta SUBE

La tarjeta funciona en 60 localidades del territorio nacional. Además del Área Metropolitana de Buenos Aires, su área de cobertura incluye:

  • Arrecifes
  • Azul
  • Bahía Blanca
  • Balcarce
  • Cipolletti
  • Chivilcoy
  • Comodoro Rivadavia
  • Concepción del Uruguay
  • Concordia
  • Coronel Rosales
  • Corrientes
  • Esquel
  • Formosa
  • General Pico
  • General Pueyrredón
  • General Roca
  • Gualeguaychú
  • Junín
  • La Banda
  • Mendoza
  • Necochea
  • Neuquén
  • Olavarría
  • Palpalá
  • Paraná
  • Partido de la Costa
  • Pergamino
  • Pinamar
  • Plottier
  • Puerto Madryn
  • Rafaela
  • Rawson
  • Resistencia
  • Reconquista
  • Río Cuarto
  • Río Gallegos
  • Río Grande
  • Roque Sáenz Peña
  • Rosario
  • San Carlos de Bariloche
  • San Fernando del Valle de Catamarca
  • San Juan
  • San Luis
  • San Martín de los Andes
  • San Nicolás de los Arroyos
  • Santa Fe de la Vera Cruz
  • San Pedro
  • San Rafael
  • Santa Rosa
  • San Salvador de Jujuy
  • Tandil
  • Tornquist
  • Trelew
  • Ushuaia
  • Venado Tuerto
  • Viedma
  • Villa Allende
  • Villa Gesell
  • Villa María.

El gobierno autorizó una suba de hasta 25% en los biocombustibles que pone más presión al precio de las naftas y el gasoil

El precio de adquisición del etanol cañero pasó de $ 465,84 a $ 584,18 el litro (25,4%) para su mezcla obligatoria con las naftas en el mercado local, mientras que el etanol de maíz saltó de $ 463,9 a $ 537 el litro (15,7%). Por último, el precio de la tonelada de biodiesel que se mezcla con el gasoil aumentó de $ 923.590 a $ 940.334 (1,8%).

La Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, autorizó una suba de 25,4% en el bioetanol de caña de azúcar y de 15,7% en el etanol elaborado a base de maíz. Ambos productos se mezclan con la nafta. En biodiesel, que se mezcla con el gasoil, la suba fue sólo de 1,8%. Los incrementos comenzaron a regir a partir de este 1° de febrero. El aumento de los bios pone más presión al precio de los combustibles porque las refinadoras -YPF, Axion, Shell y Puma- están obligadas por ley a mezclarlos con las naftas y el gasoil antes del expendio en las estaciones de servicio.

La resolución 6/2024 publicada este jueves en el Boletín Oficial eleva el precio de adquisición del etanol cañero de $ 465,84 a $ 584,18 el litro (25,4%) para su mezcla obligatoria con las naftas para el mercado local. El etanol de maíz saltó de $ 463,9 a $ 537 el litro (15,7%).

En tanto, a través de la resolución 5/2024, la cartera energética incrementó el precio de la tonelada de biodiesel de $ 923.590 a $ 940.334 (1,8%) para su mezcla con el gasoil.

Por la Ley N° 27.640, el bioetanol de caña de azúcar y el de maíz se mezclan en un 12% (6% cada uno) con las naftas. Las refinadoras lo adquieren de las plantas productoras de biocombustibles. El biodiesel se mezcla en un 7,5% con el gasoil antes de su expendio para el mercado local.

La regulación de los biocombustibles es un tema que se está debatiendo en el Congreso porque forma un apartado del proyecto de Ley Ómnibus.  

FUENTE: Ecojournal.com

Naftas: cuánto cuestan la súper y la premium en cada provincia

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En 17 provincias la nafta súper ya cuesta encima de $ 800 y la premium supera los $ 1.000 en más de 10 provincias.

A comienzos de mes, el Gobierno aplicó una suba parcial en los impuestos a los combustibles que se trasladó en subas del 6,5% en las naftas y el gasoil. Según la Secretaría de Energía de la Nación, en 17 provincias la nafta súper ya cuesta encima de $800 y la premium supera los $1.000 en más de 10 provincias.

Con los últimos aumentos en los surtidores, la diferencia de precios entre distintas ciudades se amplía cada vez más. Posadas (Misiones): se vende la nafta más cara del país: la súper cuesta $885 y la premium $ 1063. En la región Norte se mantienen precios altos para desalentar los cruces de extranjeros para cargar.

En el otro extremo, en Ushuaia los valores son los más baratos porque los combustibles se comercializan sin impuestos: la nafta súper cuesta $596 y la premium a $750. Así, hay una diferencia de casi $290 en el litro de súper y de $310 en el de premium entre el sur y el norte del país.

En las provincias de la Patagonia, donde los combustibles se venden sin los impuestos, la premium cuesta menos de $850 y la súper menos de $670. Y en CABA, la nafta súper de YPF cuesta $744 el litro y la premium $918.

Los precios de las naftas son:

Por pedido del Gobierno, las petroleras moderarán el ritmo de subas de los combustibles previstos para los próximos meses. La decisión es acompañar la realidad de los consumidores, castigados por el desplome de sus ingresos reales ante la inflación.

El cambio de Gobierno trajo varias subas para los combustibles: por ejemplo en CABA, YPF subió el costo de la nafta premium 13% el 25 de noviembre, 26,3% el 8 de diciembre, 37% el 13 de diciembre, y 6,5% el 1 de febrero. Así, en poco más de dos meses la premium escaló en ese distrito 163%, de $349 a $918.

La disminución en la velocidad de las ya se vio en el último incremento del 6,5% de febrero, que solo contempló la suba del impuesto a los combustibles y de los biocombustibles que se usan para corte. De hecho, desde el sector aseguraron que “por el tipo de cambio los valores quedaron retrasados un 2%”.

CECHA invitado a participar del primer Encuentro Federal PyME del año

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Directivos de CECHA estuvieron presentes en el evento organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

El pasado miércoles, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), realizó en su sede el primer Encuentro Federal PyME del año.

Del mismo participaron el vicepresidente de CECHA y titular de FECRA, Vicente Impieri y el secretario de FAENI y directivo de CECHA, Marcelo Herrero, quienes fueron invitados en carácter de dirigentes de la entidad gremial empresaria de Estaciones de Servicio.

Estuvieron presentes como representantes del sector público, el secretario de Economía del Conocimiento de la Nación, Marcos Ayerra y el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación, Fernando Blanco Muiño.

Precisamente este último, resaltó que el objetivo de su gestión es “simplificar” y “desburocratizar”. En ese sentido, destacó la derogación de 69 normativas de comercio interior. “Algunas eran de otro tiempo, otras por superposiciones. Fue un trabajo en conjunto entre el Estado y los privados”, explicó.

Asimismo, adelantó que la Subsecretaría avanzará en el estudio de las cadenas de valor, algo que CAME viene reclamando desde hace años. “Demostraremos el impacto tributario que hay en cada cadena, cuántos impuestos se cobran y quién se queda con ellos”, dijo.

Los directivos del sector expendedor por su parte, destacaron el espíritu del encuentro. “Considero muy importante fortalecer el rol de las PyMES, en especial porque el 90 por ciento de las Estaciones de Servicio ostentan esta condición”, expresó Impieri.

ACERCA DE CAME

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa es una entidad gremial empresaria, sin fines de lucro, que representa a 1491 federaciones, cámaras, centros y uniones de la Industria y los parques industriales, el comercio y los servicios, el turismo, las economías regionales, la construcción, los jóvenes y las mujeres empresarias de todo el país, que agrupan a más 400.000 empresas PyMES y dan trabajo a 2.500.000 personas.

A su vez, se nutre y realiza un trabajo transversal con sus secretarías de comercio exterior, financiamiento y competitividad, responsabilidad social empresaria y rondas de negocios, para brindar a las entidades empresarias y sus PyMES asociadas servicios de calidad.

El nuevo escenario de precios preocupa a las Pymes en el sector del GNC

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El aumento de las tarifas eléctricas, el incremento del precio de los combustibles y los ajustes salariales son algunas de las cuestiones que podrían impactar directamente en los costos de los estacioneros.

En medio del avance de la desregulación y tras la audiencia pública convocada por el Enargas para fijar el nuevo esquema tarifario para el gas natural con la idea reducir los subsidios a los servicios energéticos, las estaciones de servicio de GNC manifestaron el Gobierno Nacional su preocupación por el impacto que podría tener la nueva actualización de precios en la industria.

Desde distintas agrupaciones como la Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos (CECHA, la Federación de Expendedores del Interior (FAENI), y  la Cámara de Expendedores de Entre Ríos (CECAER) y la de Jujuy, hicieron hincapié en las consecuencias que podría tener el nuevo escenario de precios en los costos de operación en las pequeñas y medianas empresas expendedoras de GNC.

Las empresas alertaron que los aumentos propuestos en los precios del GNC podrían tener un impacto en la demanda y la rentabilidad de las estaciones de servicio, y en la decisión de los consumidores de convertir sus vehículos a GNC. Proponen, además, un sendero de precios y la unificación de los valores del gas a boca de pozo para darle competitividad al sector.

En las últimas semanas von los nuevos precios de las naftas se multiplicaron las consultas para las conversiones de GNC. “Semanas atrás, el ahorro para quienes recargaban con gas el auto no era tan importante. Hoy, son más de $ 600 por litro de ahorro para los que utilizaban nafta súper, de modo que el retorno es mucho más rápido”, comentó Federico Baratella, titular de la de la Cámara Argentina de Productores de Equipo Completo de Gas (CAPEC).

Está claro que el sinceramiento de los valores de los combustibles líquidos ha reactivado el sector del Gas Natural Comprimido (GNC). Hasta el año pasado según cifras del Enargas se estaban realizando entre 5 mil y 6 mil conversiones por mes a nivel país, uno de los números más bajos de la historia

«Creo que tranquilamente vamos a crecer fuertemente y volver a las 15 mil conversiones promedio, como sucedió en 2019, y no descarto llegar a 25 mil conversiones como sucedió en 2014, uno de los mejores años que tuvo el GNC en Argentina”, finalizó Baratela.

Crecería un 53 % el consumo de biodiésel

El Gobierno Nacional estableció modificaciones en la Ley Ómnibus y específicamente en el tema de biocombustibles, en lo referente al corte obligatorio.

«En el caso del biodiésel en este momento por Ley, el corte del con gasoil es del 5%. Posteriormente se había aumentado al siete y medio, y ahora el Gobierno Nacional dispone aumentar ese corte del siete y medio al 10%, con un cambio el primero de enero del 2025 para llevar ese corte al 11% y del primero de abril al 2026 llegar al 12,5%», le dice Julio Calzada a Campolitoral.

«Esto implica un avance importante de especialmente para lo que tiene que ver con la provincia de Santa Fe donde está el 80% de la capacidad productiva de biodiésel. De hecho, las principales fábricas más grandes se encuentran ubicadas en el Gran Rosario, y este aumento en el corte obligatorio es un corte realmente importante», agrega el referente de la entidad.

Además, afirma que el proyecto de Ley establece que a partir de inicio del año 2026 (y no antes de 3 años de sancionada la Ley), la Secretaría de Energía puede llevar del 12,5% del corte al 15%.

Respecto del tema bioetanol y de su mezcla (recordemos que el bioetanol es un producto que se obtiene producto del procesamiento del maíz y de la caña de azúcar), el corte obligatorio en este momento con las naftas es del orden del 12%.

«En la Ley ómnibus se establece de que va a continuar al 12%, pero está facultando a la Secretaría de Energía a tratar de aumentar esa mezcla hasta un 15%. Y no antes de los 3 años la Secretaría de Energía va a proponerle al Congreso aumentos progresivos para ir de una tasa de corte del 18 al 27».

Según Calzada, esto está en línea con lo que está sucediendo en el mercado civil y lo que pasa con Brasil específicamente, donde ellos tienen un etanol con corte del 27 y tienen los motores Flex con todos los kits de conversión. «La idea concretamente es que Argentina se vaya acercando a la situación de Brasil y haya una convergencia técnica con el tiempo, pero para eso tienen que crecer las inversiones (especialmente en lo que tiene que ver con el etanol de maíz)».

El sistema además establece licitaciones con un esquema transparente de acceso público donde van a participar todas las empresas y allí en esas licitaciones se van a establecer las asignaciones para el para el corte obligatorio. (…)

Trabajadores petroleros de todo el país se sumaron al paro de la CGT, a excepción de dos gremios

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Los sindicatos vinculados a Vaca Muerta fueron los primeros en adherir, en tanto hubo otras organizaciones que cambiaron de postura y se plegaron sobre la hora. Cuáles no acompañaron.

El paro de la CGT iniciado al mediodía de este miércoles terminó contando con la adhesión de la mayoría de las organizaciones sindicales del sector de hidrocarburos.

Desde que la central obrera lanzó la convocatoria, en los últimos días de diciembre, se especuló con saber qué gremios acompañarían el cese de actividades.

En ese marco, entre los trabajadores del sector hidrocarburífero la medida de fuerza registró adhesiones, rechazos y también cambios de postura con el paso del tiempo.

Las primeras entidades en confirmar su participación fueron las vinculadas a Vaca Muerta, entre los que se incluyó el Sindicatos de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa. La medida de fuerza fue analizada durante la última asamblea del gremio, que concluyó con consenso en torno a la adhesión.

El titular de la agrupación, Marcelo Rucci, sostuvo la semana pasada que las iniciativas que impulsa el Gobierno ponen en riesgo los derechos de los trabajadores.

“Por supuesto que vamos a participar. Vamos a estar presentes”, afirmó en el marco de la inauguración de los consultorios odontológicos del sindicato en Neuquén, “Nosotros no somos casta, somos trabajadores”, subrayó Rucci.

En esa misma línea se ubicó el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, que conduce Manuel Arévalo.

“Se ha llegado a esta determinación luego de analizar los alcances del DNU 70/2023 emitido por el Poder Ejecutivo de la Nación, específicamente en lo que respecta al Título IV–Trabajo – y Capítulo IV – Asociaciones Sindicales”, señaló la entidad a través de un comunicado.

Por su parte, el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Cuyo y La Rioja expresó que determinaron incorporarse “a la medida de fuerza anunciada para el miércoles 24 de enero en contra de la incertidumbre sembrada en los trabajadores a través del DNU”.

El paro de la CGT en Chubut y Santa Cruz

En tanto, se generó mucha expectativa por conocer la postura que tomarían las agrupaciones que nuclean los trabajadores del sector en Chubut y Santa Cruz.

El sindicato chubutense había señalado que el paro era “apresurado” y a “destiempo”. Sin embargo, tras la última asamblea, el gremio modificó su postura.

De esta manera, la agrupación que tiene como titular a Jorge Ávila, se adhirió a la medida de fuerza, aunque confirmo que, ante la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, prestará servicios de manera normal.

A pesar de la disposición, la entidad instó a los miembros de la comisión directiva, delegados, congresales, agrupaciones, trabajadores de franco y de vacaciones a que se sumaran a la movilización en Comodoro Rivadavia.

Otro gremio que dilató su determinación, pero finalmente se sumó al paro, fue el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral.

La entidad que lidera José Llugdar convocó a todos sus miembros para que formen parte de la convocatoria de la CGT, “teniendo en cuenta que la medida de fuerza no afectará a la producción ni a las tareas en yacimientos, bases y equipos”.

Por último, tanto el Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz como la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASPeGyBio), se limitaron a confirmar que no formarán parte de la medida de fuerza y no ahondaron en detalles.

Los gremios del sector que apoyan la medida de la CGT comenzaron su movilización al mediodía, a excepción del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que iniciaron su movilización a las 8 am.

Aumento del colectivo: en febrero el boleto del AMBA subirá a 270 pesos y será mucho más caro para los que no registren la SUBE

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Se trata de un incremento del 267% respecto al valor actual de $76,92. Además, los trenes tendrán un incremento del 170%, con una tarifa mínima de $130. Cuánto pagarán los que no «regularicen» la SUBE.

El Ministerio de Infraestructura hizo mediante la Resolución 1/2024 un llamado a audiencia pública no vinculanta para avanzar formalmente hacia un aumento del colectivo y el tren en el AMBA. La tarifa subirá un 267%.

El Gobierno estableció que el boleto de colectivo ascienda a $270 desde febrero, y el de tren a $130. En los considerandos publicados en el Boletín Oficial de este viernes, se detalla que las modificaciones propuestas abarcan a todo el transporte automotor de pasajeros urbano y suburbano, y del transporte ferroviario de pasajeros de jurisdicción nacional.

Con la actualización del 270%, el boleto en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense a partir del mes que viene quedaría de la siguiente manera: el mínimo (entre 0 y 3 kilómetros) pasará de $76,92 a $270; el precio para el tramo de 3 a 6 km será de $300,78; el de 6 a 12 kilómetros llegará a $323,95; de 12 a 27 km el valor será de $347,15; mientras que para los viajes que superen los 27 kilómetros la tarifa será de $370,18.

En lo que respecta al transporte por tren, el oficialismo propone la unificación en las tarifas de todas las líneas y la eliminación de las diferencias que actualmente rigen.

Así, el valor mínimo para los viajes ferroviarias incrementaría un 170% y se ubicará en los $130 para todos los servicios del AMBA (Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur).

Por otro lado, la resolución señala que los ciudadanos deberán “normalizar su tarjeta SUBE”, es decir que, para acceder a los beneficios, los usuarios tendrán que registrar el plástico a su nombre en la página oficial.

En caso contrario, los particulares abonarán “una tarifa diferencial”, que registra una suba aún mayor.

En concreto, quienes viajen en colectivo dentro de CABA y el conurbano bonaerense deberán abonar $430 y en trenes $420 (mismo precio que tiene el boleto físico).

Por último, la Tarifa Social dirigida a un grupo de beneficiarios ANSES como los jubilados y pensionados que aplica un descuento del 55% en el boleto seguirá vigente.

Audiencia pública por el aumento del colectivo y el tren

La medida publiucada en el Boletín Oficial incluye la apertura del procedimiento de participación ciudadana no vinculante para toda persona humana o jurídica, pública o privada, paso formal necesario para avanzar con el ajuste que el gobierno comunicó en las últimas horas a las cámaras que agrupan a las empresas de colectivos.

Según informó el Ministerio de Infraestructura, la participación ciudadana será gratuita, en tanto y en cuanto el participante no requiera la reproducción de datos, documentos o instrumentos, “en cuyo caso los costos de reproducción correrán a su cargo”.

El Gobierno estableció que del procedimiento podrá participar toda persona humana o jurídica, pública o privada, y se fijó un plazo límite de tres días hábiles administrativos contados a partir del día siguiente a la publicación de la resolución.

Quienes estén interesados en presentar sus opiniones y/o propuestas, y/o formular comentarios respecto de la norma proyectada, podrán hacerlo registrándose a través del sitio web de la Secretaría de Transporte. El Ejecutivo puntualizó que las opiniones vertidas no tendrán carácter vinculante.

En la resolución, se remarca la importancia de estas instancias ya que brindan la posibilidad de que “los sectores interesados y la ciudadanía en general puedan expresar sus opiniones y propuestas respecto de proyectos de normas puestos a su consideración”.

“Tanto el transporte público de pasajeros por automotor, como el transporte público ferroviario de pasajeros, constituyen servicios públicos cuyas pautas tarifarias deben ser establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional”, concluye el texto.

Ley Ómnibus: el Gobierno ahora admite que el Estado intervenga en el comercio de hidrocarburos para garantizar el abastecimiento interno

El capítulo energético del proyecto es el que más modificaciones tiene en la nueva versión del mega proyecto, en busca de negociar apoyos de la «oposición dialoguista» en el Congreso. Señal a los gobernadores de provincias petroleras.

El gobierno de Javier Milei envió este lunes a la Cámara de Diputados el nuevo texto del proyecto de Ley Ómnibus con más de 100 modificaciones exigidas por la denominada “oposición dialoguista” para acompañar la iniciativa.

El capítulo energético es uno de los que más modificaciones sufrió.

Así, tras eliminar a YPF de la lista de empresas estatales a ser privatizadas, ahora se confirmó que el Estado podrá intervenir en el comercio exterior de hidrocarburos por cuestiones vinculadas a «la seguridad del suministro».

El nuevo texto de la ley de «Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos», también delimitó las competencias de la Nación y las provincias «sin dejar de reafirmar que es una ley federal».

«Se estableció sin duda alguna que la exportación e importación es libre y es un derecho», puntualizó el Poder Ejecutivo en la presentación de las modificaciones en el capítulo referido a los hidrocarburos.

No obstante, se aclaró que «puede haber una objeción por parte de la Secretaría de Energía, limitada al momento de otorgar la solicitud y por motivos técnica y económicamente en la seguridad del suministro».

Señal a los gobernadores: ley «federal»

Entre otros aspectos relevantes, en los cambios se aclaran «los casos en los que correspondía actuar a la Nación o a las provincias», remarcando que la ley de Hidrocarburos es «federal».

El punto no es menor, considerando el reciente documento público que difundieron gobernadores de las provincias petroleras en rechazo a lo que consideraban un «menoscabo o limitación» a los derechos de sus territorios sobre los recursos.

«Asimismo, a tono con la conciliación de las facultades Nación-Provincias, se mantuvieron las facultades de la autoridad de aplicación respectiva de controlar los programas de desarrollo y compromisos de inversión y la elaboración conjunta del pliego modelo entre Nación y provincias», agregó.

Los gobernadores, según trascendió, habían solicitado que el proyecto priorizara el abastecimiento interno, un concepto que no es igual a autoabastecimiento, ya que prevé que la seguridad energética se garantice no sólo con lo producido en el país.

Otros cambios a la Ley Ómnibus

En el documento con las nuevas propuestas se estableció además un nuevo régimen de competencia de las licitaciones públicas en función de una oferta de regalías sobre un valor base del 15%, afectado por un factor «X» de exclusiva elección del oferente, y se fijó «un límite máximo de hasta 10 años para plazos más extensos que los fijados por la ley, aclarándose que, en ningún caso, la concesión puede ser fijada a perpetuidad».

Al respecto, se subrayó que «constituye causal de nulidad la adjudicación de permisos o concesiones al vencimiento de los plazos originales sin mediar una licitación pública y abierta».

Para el caso de la reconversión de concesiones de convencional a no convencional, se previó que se pueda solicitar hasta el 31 de diciembre de 2026 y por un único plazo de 35 años, de modo de dar tiempo a los concesionarios para amortizar la inversión a realizar en dicho proceso.

En la presentación de los cambios se sostuvo que «dichos cambios no importan modificaciones a las concesiones de explotación y concesiones de transporte otorgadas con anterioridad, las cuales se seguirán rigiendo los plazos establecidos por el marco legal existente».

Por otra parte, y para reconocer a los titulares de las áreas ingresos actualizados, se modificaron los valores del canon anual por barriles, y su ajuste en función del precio del barril.

Por último, se estableció un régimen de autorizaciones de transporte con libre acceso, de habilitación para el procesamiento; y se reguló la actividad de almacenaje bajo régimen de autorizaciones, figura que hasta el momento no estaba prevista normativamente en la ley.

Mar del Plata: El Concejo Deliberante creó la Tasa Vial y el combustible será más caro

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El Concejo Deliberante de Mar del Plata aprobó la ordenanza Fiscal que crea la denominada Tasa de Mantenimiento de la Red Vial Urbana Municipal, lo que significa una alícuota del 3% sobre el valor de los combustibles líquidos.


El municipio de General Pueyrredon tendrá ahora una “Tasa de Mantenimiento de la Red Vial Urbana Municipal”, una alícuota del 3% sobre el valor de los combustibles líquidos sin impuestos, lo que implica un impacto del 1,86% en el valor de salida del surtidor.

Este tributo es una de las principales novedades de la ordenanza Fiscal que este jueves aprobó la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, que dio cuenta del rechazo de la oposición. Sin embargo, el Pro argumentó que no se trata de la creación de una nueva tasa, sino de extraer el componente “mantenimiento vial” de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) para individualizarlo.

El concejal oficialista Agustín Neme explicó que “es más justo y equitativo” que antes, ya que “el arreglo de calles hoy lo pagan el 100% de los marplatenses y batanenses, usen o no las calles”, mientras que ahora “quien utilice bicicleta, se maneje en colectivo o caminando, deja de pagar esa contribución, solo la abonarán aquellas personas que utilicen el vehículo”.

En cambio, los bloques de la oposición expresaron su postura contraria. “Progresividad implica ver la capacidad de pago de cada persona. ¿La progresividad de la tasa vial cuál es? Cualquier vecino que utilice su auto va a pagar lo mismo que otro vecino que tiene un auto importado modelo 2024”, opinó Ariel Ciano, del Frente Renovador.

Desde La Libertad Avanza, en tanto, hicieron foco en la inconstitucionalidad de la tasa. “Es contraria al decreto ley de Vialidad Nacional, donde nos comprometemos a no establecer gravámenes locales sobre combustibles”, opinó Cecilia Martínez.

Desde Acción Marplatense, Eva Ayala también puso el acento en las objeciones legales. “Por su inconstitucionalidad está destinada al fracaso”.