Una jueza decidió esperar la decisión de la Corte de EE.UU. antes de iniciarlo. Argentina pidió que se haga acá.
El Gobierno consiguió una decisión a su favor en el juicio que el fondo Burford lleva adelante en Estados Unidos por la estatización de YPF. Como habían pedido este lunes los abogados de Argentina y de la petrolera, la jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, otorgó la suspensión del inicio del juicio hasta que la Corte Suprema norteamericana decida sobre la jurisdicción de la demanda.
Los expertos que siguen el caso estiman que la Corte estadounidense podría demorar su definición hasta octubre. En el hemisferio occidental se avecina un receso por el verano y se cree que eso podría postergar la definición de algunos casos.
La decisión de la jueza Preska de esperar la palabra de la Corte llegó tras el pedido del Gobierno argentino.
“El esfuerzo argumental de la Argentina estuvo centrado en la economía procesal y la posibilidad de que se generaran procesos contradicto- rios y el hecho de que la parte demandada es un estado soberano”, indicó una fuente de la defensa argentina.
El juicio, por un monto que rondaría los US$ 3.000 millones, fue iniciada en 2015 por Burford, tras haberle comprado los derechos a la justicia española, en el proceso de la quiebra de la empresa que controlaba la familia Eskenazi.
En la práctica, el juicio se demorará varios meses. Es que la Corte Suprema debe decidir si acepta o no definir donde tiene que ocurrir el juicio por la estatización: Buford pretende que se haga en tribunales de Nueva York y el Estado argentino quiere que la causa se sustancie en Buenos Aires.
La Corte ya le pidió la opinión al Departamento de Estado norteamericano, que recibió a las autoridades argentinas y deberá transmitirle la opinión a la Corte. “Debería entregar el escrito no vinculante antes de septiembre”, indicó Sebastián Maril, director de FinGuru y especialista en los juicios que se le siguen a la Argentina en EE.UU. al dar a conocer la decisión de Preska en su cuenta de Twitter.
Burford está litigando contra la Argentina porque compró las empresas bajo las cuales los Eskenazi tenían 25% de las acciones de YPF. La demanda se basa en que el Estado argentino no cumplió con el estatuto de la petrolera, que fija que quien compre 51 % de la empresa debe lanzar una oferta por la totalidad de la compañía, cosa que Argentina no hizo cuando expropió la compañía. Alegan que por eso se violaron los derechos de los accionistas minoritarios.
El país expropió, en 2012, bajo la administración Kirchner, el 51% de YPF.
Si la Corte no acepta tratar el caso sobre la jurisdicción en que debería resolverse el juicio, la demanda seguiría en EE.UU. Si acepta revisar el caso, la decisión final no saldrá hasta junio de 2020, estima Maril. El planteo de Argentina es que no fue una decisión comercial si no que la operación se hizo bajo la ley de inmunidad soberana y que, por eso, debe litigarse en los tribunales argentinos.
El Estado argentino le pagó más de US$ 5.000 millones a la española Repsol, que era la mayor accionista, para que desistiera de litigar contra la petrolera argentina. Cristina Kirchner justificó la expropiación en la necesidad de reducir el déficit energético, pero ese desequilibrio se terminó agravando hacia 2015.
Fuente: Clarín
