La corrida por la escasez de combustible se explica, en el plano táctico, por la negligencia compartida entre funcionarios que responden al ministro de Economía y directivos de YPF, la petrolera controlada políticamente por el cristinismo, que se enfrascaron el último mes en discusiones de segundo orden que impidieron que la compañía, el mayor jugador del mercado de combustibles, pueda descargar seis cargamentos de combustible importado por falta de dólares para concretar su pago.
El BCRA deberá habilitarle este lunes a YPF unos US$ 80 millones en el Mercado Único de Cambios (MULC) para concretar el pago de tres buques cargados con gasoil por un total de 91.000 metros cúbicos (m3) que esperan desde hace días en el Río de la Plata, tal como adelantó EconoJournal a principios de la semana pasada. La petrolera bajo control estatal logró el viernes, tras participar de una reunión convocada de urgencia por la secretaria de Energía —una vez que se empezaran a repetir las filas de automovilistas en estaciones de servicio de Capital Federal y el Conurbano apiñados por la falta de producto— que funcionarios del gobierno le den acceso a las divisas para descargar dos cargamentos de gasolina.
Sin embargo, aún es temprano para pronosticar que los problemas de abastecimiento se solucionarán en los próximos días, como dio a entender el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, que amenazó a las petroleras con frenar las exportaciones de crudo si la crisis no está resuelta a la medianoche del martes; una amenaza de cumplimiento imposible no sólo por una necesidad económica (el gobierno precisa los dólares provenientes de esas ventas), sino principalmente por una razón física: no es factible interrumpir las comercialización de petróleo al exterior sin generar al mismo tiempo, de forma ineludible, una parálisis de la producción local de crudo, dado que la Argentina no cuenta con instalaciones para almacenar petróleo más que por apenas unos días. En consecuencia, el negocio de crudo funciona como un proceso continuo que no puede frenarse. Todo el crudo que se extrae en Neuquén, por ejemplo, se envía por oleoducto a la terminal de Oiltanking Ebytem en Puerto Rosales, en las afueras de Bahía Blanca. Una parte de ese hidrocarburo se envía a las refinerías locales (Ensenada, Dock Sud y marginalmente a Campana) y el resto se exporta por barco (se despachan unos cinco buques de crudo Medanito por mes). Si el gobierno prohibiera las exportaciones, no habría lugar físico donde acumular el petróleo que se enviaba al exterior. Por eso, no quedaría otra alternativa más que frenar la producción de los yacimientos por falta de capacidad de acopio.
Una corrida de alcance incierto
Lo concreto es que, más allá de la belicosa narrativa con la que reaccionó el titular del Palacio de Hacienda, la corrida que se configuró en los últimos días por la escasez de combustibles en las estaciones de servicio de todo el país es el resultado de una flagrante mala praxis que deja expuesta y en el centro de escena a la política.
¿Por qué? Porque a la hora de asignar responsabilidades, está claro que esa lista está encabezada por funcionarios del área económica del gobierno, del BCRA y directivos de YPF que, casi de manera inentendible, difirieron —presumiblemente por desconfianzas mutuas— la importación de cargamentos de combustible justo en la recta final de la campaña electoral que tiene a Sergio Massa en el ballotage.
FUENTE: Ecojournal.com
